¿Una Transición Energética Justa? Lecciones Emergentes de América Latina y el Caribe
El sector energético sigue requiriendo una atención significativa, reconociendo la necesidad urgente de reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero y adaptarse a un mundo cambiante, tal como lo establece la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este sector es parte integral de casi todos los aspectos de la actividad humana y es un importante contribuyente a las emisiones globales, ya que está presente en todas las dimensiones de la vida cotidiana y representa el 76% de las emisiones globales, incluyendo los sectores de transporte, calefacción, generación de electricidad, edificación, manufactura y construcción, así como las emisiones fugitivas y la quema de otros combustibles. Por lo tanto, abordar este sector es esencial para lograr los objetivos ambientales globales.
En ese sentido, se ha planteado alejarse paulatinamente de las energías fósiles y transicionar así a fuentes de energía “limpias” y “renovables” que minimicen o eviten estas emisiones. Esto implica retirarse de los combustibles basados en carbono, especialmente el carbón y el petróleo, en favor de alternativas como el hidrógeno verde, la energía geotérmica, la energía eólica, la energía solar y la hidroeléctrica. Sin embargo, ¿el hecho de que estas alternativas generen mínimas emisiones de gases de efecto invernadero significa que no tienen otros impactos negativos sobre el medio ambiente y las comunidades?
El lenguaje utilizado para describir estos recursos juega un papel crucial en la percepción pública y las decisiones políticas. Los minerales de transición suelen llamarse “de transición” porque se consideran necesarios para alejarse de los combustibles fósiles y permitir la adopción de tecnologías de energía renovable. Asimismo, se les denomina “críticos” debido a su importancia estratégica y económica y al alto riesgo de interrupciones en el suministro causadas por la concentración geopolítica, la escasa posibilidad de sustitución y los largos plazos de desarrollo. Sin embargo, estos términos conllevan narrativas implícitas que pueden ocultar los impactos socioambientales de la extracción. Llamarlos “críticos”, por ejemplo, puede aumentar la sensación de urgencia y justificar una explotación acelerada, a menudo marginando las preocupaciones de las comunidades y ecosistemas afectados.
Un ejemplo que ayuda a responder esta pregunta podría ser la biomasa y el gas natural. A menudo se presentan como combustibles de transición, pero sus beneficios climáticos son controvertidos. La biomasa puede provocar deforestación y altas emisiones, mientras que la ventaja del gas natural en cuanto a menores emisiones de CO₂ se ve contrarrestada por las fugas de metano, lo que en algunos casos puede hacer que su impacto climático sea peor que el del carbón. Además, la transición energética también depende de los minerales, considerados esenciales no solo para generar energía renovable mediante tecnologías como los paneles solares y los aerogeneradores, sino aún más para posibilitar su transmisión y almacenamiento. Análisis recientes, incluyendo los de la Agencia Internacional de Energía (AIE), destacan que minerales como el cobre, el aluminio y el litio se utilizan más extensamente en la expansión de redes eléctricas y el desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía que en la generación renovable propiamente dicha. El cobre, por ejemplo, es vital para la infraestructura de redes eléctricas debido a su alta conductividad, mientras que el litio y los elementos de tierras raras son indispensables para las baterías, los motores eléctricos y otros componentes que sustentan la movilidad eléctrica y las redes inteligentes. Este artículo surge como parte de un proyecto de investigación más amplio cuyo objetivo es analizar los posibles impactos socioambientales que puede tener la mega minería en el contexto de la transición energética si no se toman en cuenta a las comunidades afectadas ni los ecosistemas en los que se desarrollan estos proyectos. Buscamos presentar hallazgos preliminares sobre las tendencias actuales en América Latina y el Caribe (ALC) respecto a la extracción de minerales “estratégicos” para la transición energética, con el objetivo de abordar el tema de forma temprana y prevenir algunas de las implicaciones de este modelo de desarrollo — promovido por bancos, corporaciones y gobiernos bajo la premisa de combatir el cambio climático — en las comunidades de la región.
Minería en la región de ALC y la transición energética “verde”
La transición energética verde depende en gran medida de minerales como el aluminio, cromo, cobalto, cobre, litio, manganeso, níquel, tierras raras, silicio, estaño, titanio, tungsteno y zinc, entre otros. Estos minerales se utilizan en diversas tecnologías, incluyendo aerogeneradores, paneles solares, vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento en baterías y redes eléctricas. A medida que crece la demanda de descarbonizar el sector energético, también aumenta la demanda de estos minerales. Según un informe del Grupo Banco Mundial (2020), la producción de minerales como el grafito, el litio y el cobalto podría aumentar en más del 450% para 2050 para satisfacer la creciente demanda de tecnologías de energía limpia. Incluso los minerales con menor crecimiento relativo en demanda (como el cobre) enfrentarán aumentos absolutos significativos.
La creciente demanda de estos minerales ha llevado a un nuevo auge de actividades mineras en ALC, que posee algunas de las mayores reservas mundiales de cobre, litio, tierras raras y níquel. Por ejemplo, Chile y Perú juntos representan alrededor del 40% de la producción mundial de cobre. En el caso de Bolivia, Argentina y Chile, estos países concentran el 58% de las reservas estimadas de litio del mundo, motivo por el cual se les denomina “el Triángulo del Litio”. Brasil, por su parte, posee el 21.6% de las reservas mundiales de grafito, el 17% de níquel y el 17.5% de tierras raras.
La extracción de minerales esenciales para las tecnologías limpias, lejos de introducir un nuevo paradigma, continúa reproduciendo dinámicas extractivistas que generan graves impactos ambientales y sociales. Los procesos de minería extensiva (e industrial) para extraer estos minerales presentan grandes desafíos sociales y ambientales, como la deforestación, la contaminación del agua y la degradación del suelo. La minería impacta directamente en los ecosistemas y las comunidades locales, generando además conflictos por los recursos. Sin una gestión adecuada, la extracción de minerales críticos puede ser extremadamente intensiva en el uso del agua y altamente contaminante, agravando aún más la escasez hídrica.
Al menos el 16% de las minas, yacimientos y distritos de minerales críticos del mundo están ubicados en zonas que ya enfrentan altos o extremadamente altos niveles de estrés hídrico. Además, muchos países ricos en recursos siguen atrapados en una dependencia económica, ya que sus minerales se extraen para exportación en lugar de usarse para desarrollar industrias e infraestructura local. ALC enfrenta una creciente presión internacional para explotar sus recursos, mientras que los discursos que presentan a la región como un actor clave en la lucha contra el cambio climático — y que enmarcan la minería como una oportunidad económica y un motor de crecimiento y empleo — terminan justificando proyectos que perpetúan desigualdades históricas y tensiones geopolíticas. La narrativa que vincula el progreso y la descarbonización con la extracción de recursos en la Mayoría Global no solo oculta sus efectos destructivos, sino que también deslegitima los esfuerzos de los países latinoamericanos por ejercer soberanía sobre sus territorios y explorar modelos de desarrollo alternativos impulsados por las comunidades.
“Una transición energética que dependa en gran medida de la extracción de nuevos materiales sin que se planteen preguntas clave como energía para qué, para quién y a qué coste socio-ambiental no hará sino reforzar las injusticias y la insostenibilidad que han agravado la crisis climática en la cual nos encontramos a nivel mundial”, considerando que la minería es una de las actividades más relacionadas con el mayor número de asesinatos de defensores ambientales en todo el mundo. En este sentido, es esencial garantizar el acceso a información clara, actualizada y transparente. Disponer de datos precisos sobre los impactos de la minería en el agua, el suelo, los ecosistemas y las comunidades es crucial para fomentar un debate informado y equilibrado. Asimismo, contar con la capacidad de actuar con anticipación — antes de que se aprueben los proyectos mineros — es clave para prevenir y mitigar riesgos socioambientales, implementar prácticas sostenibles y evitar la escalada de conflictos.
Tendencias de Financiamiento Energético en la Región de América Latina y el Caribe
En 2024, realizamos una investigación utilizando el Energy Finance Tracker (EFT) (con datos del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024). El EFT es una herramienta que centraliza información sobre inversiones energéticas propuestas y financiadas por 14 de los principales bancos de desarrollo, y ofrece un análisis interactivo de las tendencias de financiamiento por región, banco de desarrollo, monto de inversión, clasificación de riesgo, sector energético, vínculo con combustibles fósiles y beneficiario de los fondos.
Identificamos 41 proyectos a nivel global relacionados con minerales estratégicos utilizados en la transición energética, específicamente aquellos involucrados en la producción de tecnologías que facilitan el alejamiento de los combustibles fósiles, como paneles solares y baterías. Estos proyectos, financiados por bancos de desarrollo, representan el 3% del total de proyectos energéticos registrados por esta herramienta. En términos de inversión, ascienden a 6.7 millones de dólares, lo que equivale al 4% del financiamiento total al sector energético proporcionado por los bancos de desarrollo analizados.
En la región de ALC, identificamos 10 proyectos (ver Tabla 1) relacionados con minerales estratégicos usados en la transición energética. Estos no están únicamente vinculados a actividades mineras, sino que también pueden estar asociados con procesos de investigación, diseño de políticas públicas o estrategias de “descarbonización” de actividades relacionadas con la minería.
Como se muestra en la siguiente tabla, se identificaron un total de 10 proyectos en toda la región: 4 en Argentina, 1 en Brasil, 3 en Chile, 2 en Ecuador, 1 en México, y 2 en Perú (uno de los cuales es un proyecto regional que abarca Argentina, México y Perú). Del total de proyectos, 6 son liderados por actores privados y 4 por el sector público. En cuanto a la clasificación de riesgo ambiental y social asignada por los bancos:
- 2 proyectos fueron clasificados como Categoría A (alto impacto ambiental y social),
- 1 proyecto como Categoría B (impacto moderado), y
- 7 proyectos se encuentran bajo la Categoría U, lo que significa que no tienen una clasificación disponible o se desconoce.
De acuerdon con la Tabla 1, es evidente que Argentina y Chile concentran el mayor número de proyectos. Esto se puede explicar por la abundancia de reservas minerales en ambos países, como se mencionó anteriormente. Esto se refleja en el proyecto Sal de Vida, que implica la extracción de litio en el Salar del Hombre Muerto, Argentina. En Chile, se identifican dos proyectos: Green Hub Chile y Aster. Si bien no son inversiones directas en actividades mineras, tienen como objetivo fortalecer el programa de aceleración y financiamiento de startups Aster, una aceleradora ubicada “en el corazón de la industria minera en la región de Antofagasta”, según la propia empresa. También en Chile se ha identificado el proyecto CODELCO Renewable Energy PPAs, que consiste en brindar apoyo financiero a CODELCO para cumplir con sus obligaciones de pago en cinco contratos de energía renovable con productores privados, mediante un préstamo a largo plazo garantizado por MIGA. En Brasil, el proyecto más destacado es TechMet Limited (2022), una inversión destinada a apoyar las operaciones y la expansión de una mina a cielo abierto de níquel y cobalto en el noreste de Brasil, operada por la subsidiaria británica de TechMet, Brazilian Nickel Plc.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es el principal financiador en términos de número de proyectos, representando el 60% de todos los proyectos en América Latina y el Caribe. Sin embargo, la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) es el mayor inversionista, cubriendo el 76% de la inversión total en proyectos de minerales estratégicos en la región (ver Figura 1).
Esto se debe a que la mayoría de los proyectos del BID son iniciativas de cooperación técnica (servicios de asesoría), las cuales representan solo el 1% de la inversión total. En contraste, el principal proyecto respaldado por MIGA es una garantía de 765 millones de dólares, lo que explica su mayor participación en la inversión regional.
La razón por la cual el 70% de los proyectos tienen una clasificación U es que se trata de proyectos de cooperación técnica, los cuales no se consideran como generadores de un impacto directo en los ecosistemas y las comunidades. Sin embargo, es importante examinar las bases que estos proyectos establecen, ya que moldearán las actividades futuras en el sector. La mayoría de estos proyectos de cooperación técnica están destinados a proporcionar conocimiento y apoyo en capacidades a los gobiernos y actores involucrados, con el fin de facilitar transiciones energéticas sostenibles. Esto indica que los bancos de desarrollo están facilitando el acceso al capital para fortalecer la infraestructura minera.
Además, muchos de estos proyectos vienen acompañados de requisitos específicos, lo que podría limitar la soberanía de los países al tomar decisiones estratégicas sobre sus recursos. Al mismo tiempo, algunos proyectos pueden justificar la expansión minera bajo el argumento de la transición energética sin abordar los impactos socioambientales reales. Asimismo, podría incrementarse la influencia externa en la región, ya que la extracción de minerales clave para la transición energética en América Latina y el Caribe es estratégicamente importante para países como China, Estados Unidos y la Unión Europea.
De los 10 proyectos identificados, solo 2 han sido completados, mientras que los 8 restantes aún se encuentran activos. La información sobre su estado fue actualizada manualmente el 20 de marzo de 2025. Por lo tanto, es importante verificar que se hayan cumplido los acuerdos de mitigación y compensación socioambiental propuestos por los proyectos finalizados, así como monitorear los proyectos activos para garantizar que se implementen buenas prácticas y se respeten los derechos humanos de las comunidades locales.
¿Hacia dónde vamos? Próximos pasos hacia una transición energética justa
En conclusión, para mitigar los efectos del cambio climático y alcanzar los objetivos que permitan mantener un planeta habitable tal como lo conocemos de manera justa y equitativa, no basta con confiar únicamente en un enfoque tecnológico. Es esencial considerar los contextos políticos, sociales y ambientales. Existe una necesidad urgente de replantear los modelos de producción y consumo, así como de redefinir nuestra percepción del desarrollo a nivel local y global, priorizando la lucha por la vida por encima de todo.
Es crucial evitar las falsas soluciones y no reemplazar un problema con otro. El actual modelo capitalista, insaciable en su demanda de energía, ha encontrado un nuevo método de acumulación: la acumulación por medio de la desfosilización. Esto conlleva enormes costos, intensificando el empobrecimiento laboral. Además, amenaza las economías tradicionales de subsistencia — las únicas prácticas verdaderamente sostenibles — al despojarlas de sus territorios y recursos. Asimismo, la extracción a gran escala de bienes comunes altera y daña irreversiblemente ecosistemas fundamentales para sostener la vida en el planeta, destruyendo así las condiciones mismas que sustentan nuestro propio futuro.
Como ya demuestran experiencias en América Latina y el Caribe, los impactos sobre las comunidades no son hipotéticos, están ocurriendo ahora. Los testimonios de territorios afectados, como los reflejados en este análisis sobre la minería del litio en la región, nos recuerdan que el camino hacia una transición justa debe ser construido por quienes más directamente viven sus consecuencias. Es fundamental contar con información detallada sobre los proyectos mineros y sus impactos, así como comprender la importancia de la investigación en este campo. En este sentido, IAP y los coadministradores para América Latina del Sistema de Alerta Temprana (SAT) continuarán trabajando en la actualización de esta herramienta, específicamente el Rastreador de Financiamiento Energético (EFT, por sus siglas en inglés), publicando análisis periódicos sobre el tema y buscando acercar esta información a las comunidades afectadas. De esta manera, se busca fortalecer su capacidad de decisión sobre lo que sucede en sus territorios y promover un debate más informado y participativo sobre la minería y sus implicaciones.
Puede leer el artículo en inglés.
Rosario Fassina se desempeña como Organizadora Comunitaria para América Latina y el Caribe en International Accountability Project.
Regina González Zendejas es Asistente de Programas de International Accountability Project y trabaja para programas relacionados con América Latina y el Caribe y el Sistema de Alerta Temprana.
Natalia Lueje ha trabajado durante más de 10 años en diferentes áreas de sostenibilidad social y medioambiental. Es Coordinadora Territorial en Sustentarse y forma parte de los Co-administradores del Sistema de Alerta Temprana (SAT) para América Latina y el Caribe.
