No había un solo semáforo. Los caminos estaban llenos de baches. Alambrados colgaban de todas las esquinas de las calles y edificios que una vez fueron encantadores y que hoy en ruinas, amenazaban la seguridad de sus residentes.
Un líder de la comunidad me estaba mostrando el centro de Colón. En medio de tal abandono y precario nivel de vida, me costaba creer que Colón -la segunda ciudad más grande de Panamá y ubicada en una de sus provincias más ricas- se parecía a la carismática ciudad de Nueva Orleans en Estados Unidos.
Mis colegas de la organización Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) me dicen que Colón ha sido en gran medida dejado por su cuenta durante décadas, a excepción de la Zona Libre, el mayor puerto libre de las Américas, donde productos de todo el mundo se pueden encontrar a precios asequibles. En la Zona Libre, las calles están bien pavimentadas, el tráfico está coordinado y la seguridad es una prioridad. Sin embargo, a menos que tengan un permiso especial, los residentes de Colón no están autorizados a comprar allí. Además de la Zona Libre, Colón alberga las terminales atlánticas del Canal de Panamá y el Ferrocarril de Panamá.
Desde el punto de vista de un forastero, es chocante encontrar tanta pobreza donde se han hecho tantas inversiones; donde la infraestructura comercial se mantiene meticulosamente, incluso mientras los habitantes de Colón viven en condiciones precarias. Lamentablemente, la inversión privada y la riqueza no se han traducido en beneficios reales para la población de Colón. En cambio, estas inversiones ponen de relieve una tendencia a priorizar los intereses privados a expensas de la ciudad y sus habitantes.
Una nueva inversión amenaza con repetir este patrón. El proyecto AES de Gas Natural Licuado de US $1.100 millones apoya la construcción, operación y mantenimiento de infraestructura energética para gas natural licuado que será transportado desde la costa de los Estados Unidos a Colón. La Corporación Financiera Internacional (CFI), ha comprometido US $ 150 millones a la AES Corporation, la empresa encargada de implementar el proyecto.
Primero me enteré de este proyecto a través de mi trabajo con el Sistema de Alerta Temprana, una iniciativa conjunta del International Accountability Project y el Centro de Derecho Ambiental Internacional que monitorea los proyectos de desarrollo dañinos a principios del ciclo del proyecto. Después de completar un análisis preliminar de los posibles impactos a los derechos humanos, quedó claro para mí que las comunidades corrían el riesgo de experimentar impactos negativos. Las inversiones en energía de este tamaño y naturaleza implican inherentemente riesgos ambientales relacionados con la calidad del aire, el agua y la biodiversidad en la zona del proyecto. Los documentos del proyecto señalan que la vida animal y el ambiente general de la región serán significativamente alterados.
De hecho, las comunidades en los alrededores ya están presenciando estos impactos, ya que los bosques cercanos a sus casas son arrasados para dar paso a las actividades de construcción. Los trabajadores y la población, en su conjunto, pueden sufrir riesgos de incendio y explosión como resultado del procesamiento, almacenamiento y transporte de gas natural. También se espera que los ecosistemas marinos y la vegetación circundante estén amenazados por las operaciones de la planta de energía propuesta. Por ejemplo, para que la planta funcione, el agua necesitará ser drenada del mar y luego descargada a altas temperaturas. Los documentos del proyecto no explican claramente mejoras tangibles en la calidad de vida de las comunidades, una característica que debería ser central en los proyectos financiados por los bancos de desarrollo.
Al perseguir un proyecto con riesgos tan amplios, lo mínimo que las empresas o los financiadores pueden hacer es involucrar a la población afectada en consultas significativas, escuchar sus preocupaciones e incorporar sus recomendaciones. De esta manera, pueden minimizar o posiblemente evitar impactos negativos y tratar de cumplir las prioridades locales, que deberían ser el fundamento de todos los proyectos de desarrollo.
Sin embargo, en un taller organizado por Alianza para la Conservación y el Desarrollo y el International Accountability Project en noviembre de 2016, nos enteramos de que no se había consultado sobre el proyecto, a ningún residente con quien hablamos antes de que la CFI aprobara la financiación. Seis meses más tarde, todavía no se les había informado sobre los impactos completos. La falta de compromiso y el acceso limitado a los documentos del proyecto, significaron que muchos residentes aprendieron sobre el proyecto por primera vez durante el taller. A pesar de ello, la empresa ha señalado que celebró dos consultas públicas, una en noviembre de 2015 y la otra en marzo de 2016, nadie que conocí en Colón supo de estas consultas o realmente fue consultado. Por otra parte, la CFI no ha compartido ninguna documentación de apoyo que demuestre que se celebraron esas consultas o si hubo algún seguimiento sustantivo o resultados de esas consultas.
Es difícil subestimar la importancia de consultas significativas y transparentes. Muchos de los residentes que conocí habían sido reasentados previamente por otros proyectos de desarrollo, algunos sin compensación. Tenían mucho miedo de ser reasentados de nuevo como resultado de este proyecto. Actualmente se prepara un informe dirigido por la comunidad para registrar estas preocupaciones y documentar las deficiencias en la transparencia y las consultas organizadas por la empresa.
Cabe señalar que AES Corporation se enfrenta actualmente a preguntas sobre su conducta con respecto a las consultas para un proyecto separado en Panamá. Un caso contra el Estado de Panamá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusa a AES Corporation de violar los derechos de consulta de los pueblos indígenas afectados por la construcción de la presa Chan 75 en Bocas del Toro.
Mi experiencia al analizar este proyecto e interactuar con las comunidades, sugiere que la CFI no ha dado suficiente prioridad al bienestar de los afectados. Sin consultas oportunas y transparentes, organizadas en torno a las prioridades locales, es difícil creer que el proyecto cubra en última instancia las necesidades de los que viven en Colón. Las comunidades temen que al igual que las inversiones anteriores, como la Zona de Libre Comercio, las empresas y los inversionistas se beneficiarán en gran medida, mientras que los afectados seguirán en condiciones inseguras, enfrentándose a una nueva amenaza por un proyecto que afecta su salud, el medio ambiente y los hogares.
Los residentes esperan que puedan evitar este camino preparando un informe que sea tomado en consideración por aquellos que financian el proyecto. Esperamos que esto sea una oportunidad para un diálogo sostenido y efectivo, donde las preocupaciones de las comunidades sean reconocidas y priorizadas en el diseño y la implementación del proyecto.
Alexandre Andrade Sampaio es el Coordinador de Politica y Programas para el International Accountability Project basado en Brazil.
