LA ENERGÍA DE NUESTRA RED Y LOS PELIGROS DEL LITIO

Organizaciones publican manifiesto por la autodeterminación

Por Alexandre Andrade Sampaio

Desechos que resultan de la extracción de litio en el Salar de Maricunga, Región de Antofagasta — Chile (Foto Sustentarse)

La minería y utilización del litio están siendo impulsadas por Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) sin los debidos resguardos y procesos participativos que aseguren legitimidad territorial. Es necesario poner atención a los potenciales impactos ambientales que su explotación implica, que podrían afectar los derechos humanos de las comunidades locales.

Con esta preocupación es que la red de organizaciones coordinadoras del Sistema de Alerta Temprana (SAT) para América Latina y el Caribe, publica su posicionamiento común en relación a esta temática. Nuestra intención es hacerla llegar a comunidades que puedan ser impactadas por estas inversiones y que deseen trabajar en conjunto hacia la prevención de violaciones de sus derechos, modos y planes de vida.

Como explica el manifiesto, el litio es un mineral que puede ser utilizado en el proceso productivo, por ejemplo, de baterías, grasas, aluminio y medicamentos. El documento también detalla los impactos que tiene la explotación y utilización del mineral en los recursos hídricos, incluyendo el secamiento de salares; la erosión del tejido social de las comunidades y la afectación a sus fuentes de alimentación.

Según Aimée Martínez Vega, del Comité Ejecutivo de la Red de Comunidades Impactadas por IFIs, organización que co-administra el SAT, “es muy preocupante ver una tendencia tan fuerte hacia la inversión en la explotación del litio en nuestros territorios, cuando sabemos que a las comunidades afectadas no se les brinda información suficiente ni a tiempo, tampoco alternativas dignas para decidir sobre sus modos de vida; simplemente se implementan proyectos forzosamente, que rompen todos los ciclos de la naturaleza, impactando con ello nuestras vidas”.

Aimée es una de las personas que se siente impactada por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango y se encuentra en co-labor con lxs afectadxs directos. Por lo tanto, sabe la gran importancia que tiene el derecho de las comunidades a la autodeterminación, pilar fundamental de nuestro manifiesto conjunto.

“No me impresiona ver que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es uno de los principales estimuladores de inversión en el sector de las denominadas ‘economías verdes y limpias’ y que actúa sin la debida atención al acceso a la información, sin el cual es imposible garantizar la autodeterminación”. Aimée agrega que sigue luchando por el reconocimiento de la responsabilidad del Grupo BID por invertir en Hidroituango. Confirmando los dichos de la defensora, laos datos del Sistema de Alerta Temprana — elaborados en cuanto los proyectos son publicados por las IFIs con el propósito de compartir la información los más rápido posible con las comunidades posiblemente afectadas — demuestran que los documentos de los proyectos fueron publicados después de que la Junta Directiva de la institución hubiera decidido su aprobación. Esto sucedió con proyectos identificados hasta el momento para Bolivia, Argentina y uno de índole regional que incluye, además a Chile. Otro proyecto en fase de preparación para Bolivia, Colombia, México y Perú sigue sin documentación después de seis meses de su publicación en la página web del Banco.

Laguna Verde, Región de Atacama con yacimiento de litio, Chile (Foto Sustentarse)

“Extremadamente problemático también es el hecho de que estos proyectos son calificados cómo de categoría C, o sea, de bajo impacto social y ambiental. Sabemos que proyectos relacionados a commodities mineros tienen un gran impacto en el ambiente y en la vida de las comunidades”. Calificar un proyecto de extracción de litio como de bajo impacto es “ignorar todos los posibles impactos negativos que pueden ser generados en la cadena de extracción y suministro”, afirma Natalia Lueje, de la organización Chilena de derechos humanos Sustentarse, una de las administradoras del SAT en América Latina.

Para Daniel Faggiano del Instituto Maíra de Brasil, la calificación de los proyectos como de bajo impacto, sumado a la falta de información y respeto a la autodeterminación, es una clara demostración de la sumisión del Sur Global a las lógicas colonialistas. “Es decir que la destrucción de nuestro aire y de nuestras vidas no importan y están fuera de nuestro control”, afirma el activista.

Lueje de Sustentarse menciona que “el trabajo que se hizo con nuestro manifiesto demuestra un compromiso mucho mayor que tiene la red SAT que las IFIs con el derecho al acceso a la información. Con nuestros pequeños equipos y una capacidad financiera ínfima en comparación con la que manejan estas instituciones, fuimos capaces de elaborar un documento con información básica sobre la explotación, extracción, usos e impactos del litio”. La organización Sustentarse e International Accountability Project (IAP) son expertas en el análisis de políticas y prácticas de acceso a la información de las IFIs, y han cooperado con otras para verificar las falencias del Banco Interamericano y su brazo privado, el BID Invest.

“Hemos creado un documento sucinto y con lenguaje accesible, para que nuestros aliados puedan tener la información básica necesaria para debatir el tema”, afirma Marcela Mella Ortiz, Vocera de la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo y también miembra del Comité Ejecutivo de la Red de Comunidades Impactadas por IFIs.

Salar de Maricunga, Región de Antofagasta — Chile (Foto Sustentarse)

Suhayla Bazbaz, directora de Cohesión Comunitaria e Innovación Social (CCIS) en México, describe algunos de los objetivos del manifiesto: “Con este pequeño documento de ocho páginas, esperamos poder iniciar conversaciones con posibles comunidades afectadas, para demostrar la importancia de estar atentas a los proyectos y políticas de Instituciones Financieras y propiciar que conversen de manera autodeterminada sobre el futuro que desean”.

“El monitoreo y metodología del SAT nos ayuda a trabajar de manera más estructurada frente a las inversiones chinas que también miran al sector de litio”, afirma Cándido Grinsztejn, de la secretaria del Colectivo sobre el Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA).

“Nuestro colectivo una vez más demuestra que trabajando en coordinación podemos actuar de manera preventiva y, al mismo tiempo, estimular la proactividad de las comunidades que quieran buscar o potenciar un futuro respetuoso con la naturaleza, que atienda la crisis climática; es decir, acorde con el cambio de paradigma que nuestro mundo necesita, si deseamos evitar el colapso”, complementa Gustavo Zullo, de IAP, organización co-administradora el SAT y comprometida con una visión de desarrollo enfocada en los derechos humanos, tal como determina la declaración de la ONU sobre el tema.

Reafirmamos nuestra energía y compromiso con la búsqueda de procesos decisorios democráticos y críticos, que faciliten discusiones abiertas sobre las potenciales capturas de espacio, poder y recursos por elites. Esperamos que las discusiones y alianzas que se generen junto a las comunidades con las cuales trabajamos, nos ayuden a apoyar planes de vida hacia un futuro ambiental y socialmente libre.

Vea aquí el manifiesto de la red de organizaciones co-administradoras del SAT para América Latina y el Caribe sobre el litio.

Vea aquí la Guía de Acción Comunitária ¿Qué es el Desarrollo? de IAP.

Alexandre Andrade Sampaio es el coordinador de Políticas y Programas de International Accountability Project para América Latina y Caribe.

IAP is a human and environmental rights organization that works with communities, civil society and social movements to change how today’s development is done.

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