¿Cuántos muertos más se necesitarán para que las instituciones financieras dejen de apoyar proyectos de desarrollo dañinos?

Por Alexandre Andrade Sampaio

Durante más de tres décadas, Berta Cáceres, activista hondureña y ganadora del Premio Goldman, trabajó para proteger el medio ambiente y los derechos de las comunidades indígenas. Berta recibió amenazas constantes por su oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, una represa que pone en riesgo el modo de vida de su comunidad. En marzo de este año fue brutalmente asesinada por sicarios mientras dormía en su casa.

El asesinato de Berta pone en evidencia la crisis que afrontan los defensores de derechos humanos alrededor del mundo. Aquí en Brasil, por ejemplo, Dorothy Stang, otra incansable luchadora por el medio ambiente y los derechos humanos, fue asesinada. Al igual que Berta, peleó por el medio ambiente y los derechos de las comunidades más abandonadas y excluidas. Dorothy se enfocó en la educación de los niños y jóvenes, el empoderamiento legal de los menos favorecidos y la promoción de un desarrollo verdaderamente sostenible. Su persistencia y compromiso en la lucha, a pesar de los peligros, estaba perfectamente resumida en una cita impresa en una de sus camisetas favoritas: “La muerte del bosque es el fin de nuestra vida”.

Desafortunadamente, las muertes de Berta y Dorothy no son la excepción.

Estas historias se repiten por doquier. Son particularmente vulnerables aquellos activistas que luchan contra los denominados proyectos de “desarrollo” que muchas veces terminan perjudicando y violando los derechos de los supuestos beneficiarios, las comunidades locales. Estos mismos proyectos también vulneran nuestros derechos sociales, económicos y culturales. Los impactos incluyen daños al medio ambiente y la destrucción de las culturas que enriquecen a nuestras sociedades.

Chico Mendes, un activista brasileño asesinado por proteger los derechos sociales y ambientales, capturó poéticamente la importancia vital de este tipo de esfuerzos: “En un principio pensé que estaba luchando para salvar heveas, después pensé que estaba luchando para salvar el bosque amazónico. Ahora me doy cuenta de que estoy luchando por la humanidad”.

En su lucha por la humanidad, un promedio de más de tres activistas que trabajan con derechos humanos y el medio ambiente son asesinados por semana en el mundo. Estas cifras sólo representan a aquellos que son asesinados, sin contemplar a aquellos que son sometidos a vigilancia, detenciones arbitrarias, amenazas de muerte por parte de la policía y las fuerzas armadas, y violencia física y sexual. Como han expresado expertos internacionales de la talla de Navi Pillay, antigua Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y demás organizaciones de la sociedad civil, este trabajo es particularmente peligroso para aquellos activistas comprometidos en el contexto de los “proyectos de desarrollo”. Los gobiernos alrededor del mundo están criminalizándolos por dichos esfuerzos, haciendo que casos terribles como el de Berta ocurran con mayor facilidad.

La organización de derechos humanos Global Witness señala a ciertos países como particularmente problemáticos. En ellos numerosos activistas han pagado con sus vidas su trabajo de defensa del medio ambiente y los derechos humanos. En su análisis, países como Brasil, Colombia, Filipinas, Perú, Nicaragua, Guatemala, República Democrática del Congo y Honduras se destacan como los más peligrosos para los defensores de derechos humanos. Por ejemplo, en 2015 fueron asesinado 8 activistas en Honduras, 50 en Brasil, 33 en Filipinas, 26 en Colombia, 12 en Perú y Nicaragua, 11 en RDC y 10 en Guatemala, en el mismo período.

El líder y activista indígena Josias Munduruku, del pueblo brasileño Munduruku cuyas tierras y culturas están amenazadas por el complejo hidroeléctrico Tapajós, denuncia haber recibido amenazas de agentes federales. Su modo de vida ancestral está en peligro conforme el gobierno presiona a favor de la construcción de un sistema de 7 represas sin el consentimiento libre, previo, e informado de los afectados. En el proceso de resistencia, un miembro de la tribu de Josias habría sido asesinado por la Policía Federal. En una entrevista, Josias reconoció que las amenazas existen “porque estamos defendiendo los derechos de la humanidad y la biodiversidad contra los esfuerzos del Gobierno Federal que trata de embalsar nuestros ríos”.

Daniela Silva, residente de Altamira en el estado brasileño de Pará, ha recibido amenazas de muerte desde hace meses por su oposición a la represa Belo Monte. Este proyecto, financiado por el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES), enfrenta la oposición de la Fiscalía Federal, organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales que han presentado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y expertos en impacto socio-ambiental. Pero a pesar de la atención mediática, el trabajo de Daniela con el movimiento social Xingu Vivo para Sempre supone muchos riesgos. “Como activistas, no sólo sufrimos como ciudadanos afectados por la represa, sino también como defensores de derechos humanos”, dice resignadamente. Daniela asegura sentirse constantemente perseguida por fuerzas de seguridad públicas y privadas. “Lo peor no son las amenazas explícitas, sino la sensación de persecución”.

En el período en que Global Witness llevó a cabo sus dos informes más recientes, Brasil se destacaba como el país con el mayor número de activistas asesinados en el mundo. Lamentablemente el panorama no parece estar mejorando, ya que en lo que va de año ya son 6 los defensores de derechos humanos asesinados.

Brasil aprobó recientemente una ley antiterrorista que probablemente complicará aún más la situación, ya que permite que las organizaciones de la sociedad civil y los activistas sean considerados criminales en función de interpretaciones legales subjetivas. Las instituciones que financian estos proyectos deben monitorear la situación con sumo cuidado, para que activistas como Josias, Daniela, y muchos otros sean protegidos de las acciones que violan los derechos y las expectativas de las comunidades locales. En el caso de Berta, por ejemplo, la atención que necesitaba nunca llegó a tiempo. Hizo falta la presión internacional por su trágica muerte y la de su colega Nelson García para que las instituciones financieras suspendieran el financiamiento de un proyecto tan problemático como la represa de Agua Zarca.

Ojalá que aquellas instituciones que financian los supuestos proyectos de desarrollo como Belo Monte o el Complejo Tapajós no esperen a que mueran otros activistas para replantearse sus inversiones. El título del informe de Global Witness 2015 nunca había sido tan relevante como ahora: “¿Cuántos más?”

Alexandre Andrade Sampaio es el coordinador de Política y Programas de International Accountability Project en Brasil.

IAP is a human and environmental rights organization that works with communities, civil society and social movements to change how today’s development is done.

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