Comunidades indígenas en Camboya defienden los recursos naturales de las amenazas y la intimidación

Por Mong Vichet

En la provincia de Ratanakiri, en el nordeste de Camboya, la Highlanders Association asiste a las comunidades indígenas locales en su lucha por la protección de sus recursos naturales: la tierra, los ríos y los bosques que, durante siglos, han estado intrínsecamente ligados a las vidas e identidades colectivas de estos pueblos. El desarrollo en esta región generalmente suele venir de la mano de concesiones de tierra para plantaciones de caucho, minas, represas hidroeléctricas y proyectos de tala forestal y, normalmente, cuentan con financiación de empresas privadas y bancos de desarrollo.

Los proyectos de desarrollo, como actualmente son concebidos en mi país, amenazan las formas tradicionales de vida de los pueblos indígenas. En Camboya los territorios de las comunidades indígenas enfrentan graves riesgos de derechos humanos debido a que el gobierno ha otorgado concesiones económicas de tierra a compañías extranjeras para proyectos agroindustriales, como las plantaciones de caucho, y de exploración minera. Además, las comunidades indígenas encaran amenazas por parte de las represas hidroeléctricas.

La Highlanders Association y otras cuatro organizaciones de la sociedad civil camboyana estamos apoyando a 17 comunidades afectadas por un proyecto de explotación del caucho. Este proyecto está financiado por la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo de inversión privada del Banco Mundial. Nuestros esfuerzos se orientan a la capacitación de las comunidades, educándolas sobre sus derechos bajo la legislación de la tierra camboyana y asesorándolas en la organización comunitaria y sus habilidades de negociación. También ayudamos a las comunidades a presentar quejas ante el Banco Mundial mediante su mecanismo de rendición de cuentas.

A pesar de las críticas, tanto nacionales como internacionales, en 2015 se promulgó la Ley de Asociaciones y Organizaciones No Gubernamentales de Camboya (LANGO, por sus siglas en inglés). Como consecuencia de esta ley, a la sociedad civil le resulta más difícil movilizarse y reunirse para hablar de sus preocupaciones. Me temo que estas limitaciones aplicadas a los grupos de la sociedad civil sólo aumentarán. Otra razón por la que se incrementarán es que nos acercamos a las elecciones regionales de 2017 y a las nacionales, cuya celebración está programada para 2018.

Las comunidades indígenas tienen que sortear muchos obstáculos en su afán por defender sus tierras de los proyectos de desarrollo. Uno de los mayores desafíos es la información. Nuestras comunidades nunca han sido consultadas de manera adecuada por el gobierno y las empresas acerca de sus proyectos de desarrollo. De esta manera violan el principio internacional del Consentimiento Libre, Previo e Informado que contempla la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Tampoco divulgan información relevante sobre los impactos de sus proyectos de desarrollo, como por ejemplo el plan maestro, el perfil de la compañía o la evaluación del impacto medioambiental. El gobierno se limita a informarnos sobre sus proyectos después de haber tomado la decisión de trabajar en nuestros territorios.

Desafortunadamente, la situación actual en Camboya está empeorando día a día, dificultando aún más la lucha de las comunidades indígenas por defender sus derechos. En el ámbito nacional, por ejemplo, por actividades relacionadas con los derechos humanos. Las limitaciones contra las son cada vez mayores. Esto hace que el espacio para que la sociedad civil trabaje sobre el terreno con las comunidades indígenas sea cada vez más pequeño, ya que las autoridades locales requieren que pidamos permiso al gobierno provincial para llevar a cabo nuestras actividades.

Recientemente las autoridades locales han amenazado a activistas indígenas mientras impartían cursos de capacitación o talleres sobre derechos humanos. A su vez, en los últimos meses la policía local ha venido a observarnos e investigarnos cuando realizábamos reuniones o sesiones de capacitación con comunidades indígenas. Al concluir la reunión, la policía pidió un informe a nuestros colegas y preguntó si teníamos permiso del gobierno provincial.

Esta no es la primera vez que hemos recibido amenazas por nuestro trabajo con las comunidades indígenas. Desde 2004 hemos sido blanco de amenazas por parte de las autoridades. En 2005 trataron de .

Desde entonces ha habido nuevas amenazas. Yo mismo fui arrestado en 2006 por ayudar y proveer una cámara de video al comité de una comunidad indígena para que pudiera monitorear la actividad dentro de su selva. Cuando la policía trató de arrestarme, recurrí a las comunidades. Por suerte mucha gente acudió a apoyarme. Entonces varios miembros del Parlamento pidieron a la policía que me liberasen cuando vieron cuánta gente había venido a respaldarme.

Vemos con preocupación cómo la relación entre la sociedad civil y el gobierno de Camboya se está deteriorando. En gran parte esto se debe a la mayor presión que el gobierno ejerce, mediante la intimidación y los arrestos, sobre las organizaciones no gubernamentales, cuyo principal propósito es educar a las comunidades sobre sus derechos y apoyar la protesta pacífica contra los proyectos de desarrollo.

International Accountability Project works to defend the rights, land and livelihoods of people threatened by destructive development projects.

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